38.000 menores en España víctimas de violencia

Hace seis años tuve el impulso de acercar mi trabajo profesional al mundo de la política. Mi percepción de los políticos eran personas inaccesibles que iban de su casa al Congreso y del Congreso a su casa, con una agenda repleta de nombres cercanos al poder, y lejanos de la ciudadanía. Conocía de la existencia de una comisión que abordaba temas sobre la familia y la infancia, y me sedujo la idea de informarme en qué proyectos estaban trabajando, por si coincidían o no con mis compromisos y mis expectativas profesionales.

El acceso a los políticos y a la información fue mucho más fluido de lo que esperaba. Fui al Congreso, les comenté mis inquietudes, me escucharon, escuché. Todo fue bien. Entre mis inquietudes se encontraba principalmente lo que en Europa desde 2006 se llama Parentalidad Positiva. En concreto quería informarme sobre medidas para que la parentalidad positiva llegara a las familias, con la idea de fomentar prácticas educativas alejadas de cualquier signo de violencia. He de reconocer que mi idea era “vender” mi proyecto de Familias Inteligentes como una metodología eficaz para fomentar la parentalidad positiva de una manera muy práctica. Cada día que pasa, lo pienso más, ya que no encuentro un método para poner límites de forma respetuosa y para gestionar los conflictos cotidianos de manera positiva tan visual, tan estructurado y fácil de llevar a cabo.

En esa reunión aprovecharon para contarme también los proyectos que estaban llevando a cabo. Entre otros proyectos, estaba la construcción de la Ley de Protección de la Infancia.

Pues bien, hace un año, en el 2018, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el anteproyecto de ley. Cinco años después de aquella reunión con la presidenta de la Comisión de Infancia y Familia. Y hoy, seis años después, tras horas y horas de debate contando con múltiples voces, la ley está a la espera de que se desbloquee la situación política española y pueda empezar a tramitarse en el Congreso, donde esperemos cuente con un amplio apoyo político. Esto nos colocaría a nuestro país en la vanguardia en la protección a la infancia frente a la violencia en la educación y los actos de abuso y acoso.

Los datos de realidad son abrumadores. En el 2018 casi 38.000 menores en nuestro país fueron víctimas de violencia. Casi la mitad de las notificaciones de maltrato se produjeron en la familia y uno de cada cuatro niños y niñas no perciben a su centro escolar como un lugar seguro. Se estima que hay más, ya que los menores no tienen los recursos necesarios para denunciar malas praxis, dado que en muchas ocasiones se produce en la intimidad de los hogares o en escuelas o instituciones que no ponen los medios para remediarlo.

La ley de protección integral a la infancia busca dar una respuesta preventiva y reparadora a todos los menores de edad. Aquí tienes el documento con el anteproyecto  https://www.mscbs.gob.es/normativa/audiencia/docs/LO_proteccion_integral_violencia_menores.pdf

Esperemos que esta ley, entre otras cosas, se traduzca en recursos para las familias para ejercer la parentalidad positiva, con la idea de erradicar cualquier conducta violenta dentro de los hogares. Otro debate sería qué se considera violencia. Para Familias en la Nube, cualquier situación que haga sentirse culpable a nuestros hijos e hijas es violencia, ya que culpabilidad genera ira, y la ira mal gestionada genera violencia.

No quiero pensar qué va a ser de esos 38.000 menores dentro de 10 años. Quiero pensar en qué podemos hacer ahora para prevenir y erradicar la violencia sobre esos menores. Es lo más inteligente.